La Suprema Corte dispuso afectar el 50% del sueldo de Ministros a la emergencia sanitaria

Se estableció que los fondos deberán ser aplicados a reforzar partidas presupuestarias destinadas a la salud pública. Se dispuso invitar a jueces, fiscales, defensores y funcionarios a adherir a esta iniciativa y aportar entre el 25% y el 50% de su salario.

Por unanimidad, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza decidieron afectar el 50% de su salario para solventar gastos de salud pública de la provincia ante la pandemia de Coronavirus. Esta medida se toma como forma de acompañamiento a la emergencia sanitaria que afecta a todo el país.

Cabe destacar que, a diferencia del Poder ejecutivo, La Suprema Corte no puede imponer descuento o afectación alguna de los jueces, fiscales, defensores y funcionarios del Poder Judicial, por lo que se los invita a que voluntariamente adhieran a la decisión tomada, ampliando el rango de dicho aporte entre el 25% y el 50%.

La idea es que todos los integrantes del Poder Judicial puedan acompañar estas medidas para poder paliar la emergencia sanitaria que está viviendo la provincia y que requiere el esfuerzo mancomunado de la sociedad mendocina.

Esta decisión de los integrantes del máximo tribunal de justicia de Mendoza, se determina como forma de acompañar las medidas de reducir el salario los funcionarios políticos durante el mes de marzo.

Mediante la acordada, se deja en claro que la Suprema Corte se van a seguir acompañando todas las medidas que, en el marco de la emergencia por todos conocida, ayuden al sistema de salud a atender de la mejor manera a los ciudadanos mendocinos que así lo requieran.

De esta forma, los miembros de este tribunal, decidieron la afectación voluntaria del 50% de su salario neto a la conformación de un fondo, destinado al Ministerio de Salud, a fin de que el mismo sea usado para la compra de insumos o demás necesidades con que cuente ese servicio.

En la acordada, que lleva la firma de los 7 ministros, destacaron el esfuerzo de jueces, fiscales, defensores y funcionarios, que día a día están trabajando para que el servicio de justicia siga funcionando, con las limitaciones obvias impuestas por las medidas de prevención vigentes en el país.