“En la Justicia la IA Generativa puede optimizar tiempo y mejorar la calidad de los documentos”
Esta es una de las conclusiones a las que llegó el Programa Piloto de Uso Estratégico y Responsable de IA Generativa en la Justicia Argentina, de la cual Mendoza fue parte. “La formación continua de operadores judiciales en el uso de estas herramientas, así como la adaptación delas normas y procedimientos a esta nueva realidad, serán claves para asegurar una nueva forma de administrar justicia”, dice el documento.
A mediados de 2024 la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA-IALAB) y la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (JUFEJUS) lanzaron una prueba piloto para identificar posibilidades de aplicación de inteligencia artificial generativa (IAGen) en los diferentes procesos judiciales. De esta experiencia participaron equipos conformados por jueces, funcionarios y funcionarias de las provincias de Mendoza, San Juan, Tierra del Fuego, Misiones, Tucumán, Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en total fueron más de 1900 personas.
El objetivo de esta experiencia era el de evaluar el uso de herramientas de IA Generativa como ChatGPT y Gemini en la justicia. De este programa fue parte la Suprema Corte de Mendoza, a través de su Laboratorio de Innovación (JusMendoza.Lab). Más de 200 agentes judiciales de la provincia formaron parte de esta iniciativa.
En este contexto es que una de las primeras conclusiones a las que se llegó es que “esta tecnología puede optimizar tiempos, mejorar la calidad de los documentos y permitir a los y las agentes judiciales concentrarse en tareas más complejas que requieren su experiencia y criterio”, describe el documento y destaca que “será necesario continuar desarrollando estrategias de implementación que garanticen su uso responsable y ético”.
Los diferentes participantes de esta experiencia aplicaron la herramienta de IAGen en: “la redacción de documentos, como resoluciones, dictámenes y sentencias, la extracción de datos, el análisis y búsqueda de jurisprudencia, la identificación de casos relevantes; la elaboración de resúmenes de fallos, normas y doctrina; la generación de respuestas a preguntas jurídicas específicas, evaluando la fundamentación legal de las respuestas; así como también la planificación y organización del trabajo, incluyendo la distribución de tareas y la gestión del tiempo”.
Otra de las conclusiones que destaca el documento final del Programa Piloto de Uso Estratégico y Responsable de IA Generativa en la Justicia Argentina es que “el uso de las herramientas permitió acelerar la ejecución de tareas, especialmente en la redacción de documentos y el análisis de jurisprudencia. No obstante, algunas otras señalaron que el beneficio en términos de tiempo depende del tipo de tarea y de la necesidad de verificar la precisión de las respuestas generadas. Al mismo tiempo, marcaron que, en ciertos escenarios, como el análisis de documentos jurídicos complejos o la generación de respuestas a cuestiones altamente especializadas, los sistemas inteligentes demostraron dificultades, requiriendo correcciones o validaciones adicionales”.
Para el Ministro de la Suprema Corte de Justicia, Maria Adaro, quien es el presidente del Instituto Federal de Innovación, Tecnología y Justicia de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (IFITEJ): “Hemos tenido conclusiones muy importantes a través del plan de relevamiento que hicimos de todo el ecosistema, del ámbito judicial y del uso de la abogacía y a partir de ahora tenemos los insumos y conclusiones necesarias para sacar una segunda etapa que van a ser recomendaciones de uso ético y responsable de la IA y capacitar a los agentes”
Y agregó que “esta herramienta y esta etapa que viene de los agentes y las agentes de IA puedan ser usados para mejorar la eficiencia y transparencia en el modo del desarrollo de los procesos judiciales en la Argentina”
Instituciones que participan
Las instituciones que co-organizan este programa son la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (JUFEJUS), el Laboratorio de Innovación e Inteligencia Artificial de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA-IALAB), la Red Federal de Escuelas Judiciales de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (ReFleJar), el Laboratorio de Innovación Judicial del Poder Judicial de la Provincia de Mendoza (JusMendoza.Lab), el Laboratorio de IA, Innovación y Transformación Digital de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Tucumán (DYNTEC), el Laboratorio de Investigación y Desarrollo de Software e Inteligencia Artificial de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba (LIDeSIA), la Cátedra de Inteligencia Artificial, Tecnología y Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP), el Departamento de Derecho de la Universidad Nacional del Sur (UNS), la Facultad de Derecho de la Universidad de Palermo (UP) y la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE); con la colaboración del Ministerio de Justicia de la Nación, a través del Programa Nacional Integral de Inteligencia Artificial en la Justicia, el Instituto Federal de Innovación, Tecnología y Justicia de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (IFITEJ), el Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal (CPACF), la Red de Innovación Juslab, la Asociación de Impulsores de Legaltech Argentina (ALTA), la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina (AMJA), el Laboratorio de Inteligencia Artificial e Innovación del Observatorio de Derecho, Tecnología e Innovación (ODTI) de la Universidad del Museo Social Argentino (UMSA), Thomson Reuters – La Ley, la Red Mujeres para la Justicia, el Centro de Estudios en Tecnología y Sociedad de la Universidad de San Andrés (CETyS) y Justicia Digital Porteña.