Mendoza fue sede del Consejo Federal de Justicia
Representantes de las áreas de Justicia y Seguridad de todo el país se convocaron en el auditorio Ángel Bustelo con el objetivo de planificar metas a corto y largo plazo. Hubo un panel específico vinculado con los avances logrados desde el Poder Judicial de Mendoza.
Mendoza fue sede del Consejo Federal de Justicia. El evento, que se realizó en el Auditorio Ángel Bustelo, convocó a las máximas autoridades de Justicia y Seguridad de Mendoza y a ministros de esa área de otras 16 jurisdicciones.
Los temas centrales del encuentro giraron en torno del sistema acusatorio, los juicios por jurado y la problemática de la ludopatía. Además, se fijó la sede en la que el Consejo Federal se volverá a reunir en 2025.
Dalmiro Garay Cueli, presidente de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, junto al procurador General Alejandro Gullé y la Defensora General, Cecilia Saint- André fueron anfitriones de la reunión que además contó con la presencia de la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus y la vicegobernadora Hebe Casado.
Previo a iniciar la reunión, propuesta -que sirvió de oportunidad a futuras articulaciones para promover una labor conjunta en el territorio Nacional- el Ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona destacó la importancia de convocar a estos espacios y priorizar las labores mancomunadas para avanzar en un servicio de Justicia acorde a las demandas sociales actuales.
“No vengo a hablar de política, sino de Justicia y creo que para todos es una gran pasión”, sostuvo el máximo representante de la Justicia argentina y se refirió a la importancia de atender a todas las provincias del territorio y realizar encuentros interprovinciales más asiduos.
Panel de la Justicia de Mendoza
“Ninguna transformación social que beneficie a los ciudadanos puede darse con poderes que no dialogan, no hablan o no acuerden”, destacó en su discurso el presidente de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza.
Garay Cueli expresó que “Mendoza tuvo un giro notable en su servicio de justicia a la inmediatez, vía oralidad. Es decir, que oralizamos todos los procesos lo que permitió a los jueces sentarse frente a las partes, en cualquiera de los fueros, resolver directamente de la causa y esto llevó a tener una justicia de mejor calidad, de cara al ciudadano y más rápida”.
“Mendoza pasó más de 50 años sin hacer reformas judiciales de fondo, tenía un sistema inquisitivo mixto y hace 25 años empezaron los cambios por un sistema acusatorio formal donde lo único que se hizo fue sacarle al Juez de Instrucción el rol de investigar y se lo dieron al Ministerio Público Fiscal, se crearon las oficinas fiscales y los jueces de garantía. Ahora bien, esta reforma normativa no fue acompañada con gestión, ni innovación, ni tecnología y sin adecuar el marco teórico” resaltó el presidente del máximo tribunal de justicia de Mendoza
Y agregó que “a partir del 2016 se empezó a notar gestión vinculados a salas de audiencias, una oficina de agenda de audiencias y pasamos a un sistema de notificación ficta. En el 2017, acompañamos oralidad con inmediatez y generamos los cambios en cuanto a la innovación del proceso”.
El presidente de la Suprema Corte brindó más detalles sobre los cambios de gestión vinculados con la oralidad y el sistema acusatorio así planteado “nos permite decir que hemos logrado concentración de actos, garantizar inmediación, publicidad y celeridad en el proceso. Para que ustedes se den una idea, el estándar de Mendoza, en el 2016, era que tenía en sus cárceles un 70% de personas procesadas y un 30% cumpliendo condena. Hoy es exactamente al revés y eso se debe al sistema de colegios, más oralidad, más gestión. El sistema acusatorio no podría funcionar sin diálogo entre el Ministerio Público Fiscal, la institución de la Defensa y la Suprema Corte”.
Juicio por Jurado también formó parte del discurso de Garay (que comenzó en el 2018, con una ley que incorporó como novedad -en el país- la unanimidad en el veredicto) y detalló que ya se realizaron 47 juicios por jurados, los cuales fueron avanzando con incorporaciones graduales: “el nivel de participación de la ciudadanía -que es sorteada a principios de año- es del 97 %; es decir que estamos frente a un proceso judicial de mucha legitimidad social”.
Dalmiro Garay Cueli puntualizó que “Mendoza hoy tiene un proceso acusatorio puro, un proceso adversarial en el Juicio por Jurados y con ciertos tintes de adversariales en algunas audiencias del proceso penal. La gestión judicial se dividió claramente entre gestión administrativa y gestión jurisdiccional” y puso en valor lo invertido en infraestructura como “el Polo Penal Judicial, vinculado con el del Ministerio Público Fiscal y está unido -con un ducto- al sistema penitenciario. Ahora estamos realizando un edificio nuevo en Tunuyán con las mismas características, de esta manera optimizamos los recursos y prestamos un mejor servicio de justicia”.
“Ninguna de las reformas fueron posibles sin la intervención de los 3 poderes del Estado que hicieron propio el mandato constitucional de afianzar la justicia y consolidar la paz. Esta es la regla que nos debe llevar como norte para poder discutir, entre todos los poderes, la mejor manera de conjugar el servicio de justicia. Nosotros, en Mendoza, avanzamos en ese camino y los resultados son realmente muy alentadores”, cerró el presidente de la Corte de Mendoza.
A su turno, el procurador General, Alejandro Gullé, expresó las ventajas y las implicancias del sistema acusatorio por sobre el inquisitivo y el mixto “están a la vista: Se acortaron los plazos de duración de los procesos penales de un modo considerable y esto generó un respeto a las garantías de las partes y el debido proceso”.
Y agregó que “para que cualquier sistema acusatorio funcione se tienen que dar tres requisitos esenciales: estructura y capital humano suficientes, internalización del rol de cada uno de los protagonistas del proceso y la capacitación permanente. Hoy el Fiscal investiga pero quién le va generando los controles y va garantizando el debido proceso -y el derecho de las partes- es el Juez de Garantías”.
Uno de los cambios notables -desde que asumió en su cargo el jefe de los fiscales y en este contexto del sistema acusatorio- fueron las fiscalías temáticas: “Logramos avances notables en la focalización de cada delito y hoy, por ejemplo, ya no quedan excusas para no investigar”. Gullé ejemplificó lo dicho con la labor de las Unidades Fiscales de la Primera Circunscripción Judicial, donde hay ocho fiscales de instrucción con un Fiscal en jefe que coordina, debaten con ellos y que tiene la visión macro. En este contexto, ponderó la “imprescindible” tarea de las unidades policiales investigativas y que toda esta labor conjunta logró resultados muy positivos, con niveles de eficacia altísimos.
Finalmente, el Procurador General, destacó la labor de los distintos laboratorios que dependen del Ministerio Público Fiscal y dijo “en lo personal, creo que el Ministerio Público Fiscal es uno de los pilares donde se asienta la seguridad de un país y considero que se debe trabajar de manera conjunta con los poderes Ejecutivos, en pos de armonizar la política criminal con la política de seguridad de un Estado. El sistema acusatorio permite trabajar de manera colaborativa a favor de nuestra sociedad”.
La representante del Ministerio Público de la Defensa y Pupilar, Cecilia Saint- André, sostuvo que la aplicación del principio acusatorio en Mendoza no es novedosa sino que “responde a una tradición jurídica consolidada”.
Respecto a los cambios producidos en el Ministerio que ella conduce dijo que “fue necesario generar innovaciones al formato institucional de la defensa para armonizarlo a las modificaciones que se fueron implementando”. Agregó que el citado organismo es una unidad organizativa independiente inspirada en los principios de autonomía funcional y autarquía financiera: “Se dejó de lado la organización individual de cada una de las defensorías, para pasar a ensayar un modelo de gestión asociada con trabajo de equipos de gestión, regidos por los principios de coordinación y solidaridad con margen de acción para que los funcionarios y magistrados puedan elegir el modo en que llevan adelante este trabajo conjunto. Sobre todo, adecuarlo a las distintas realidades que surgen de los casos que deben atender. Este modelo cuenta, además, con un régimen automático de subrogancias de manera tal que ante la ausencia de los integrantes del equipo -por licencias u otro tipo de imposibilidades- se cubre con otro integrante”.
Finalmente, Saint André destacó la capacitación permanente de su personal que permitió a los defensores realizar la cobertura del servicio con herramientas técnicas eficaces y la creación del área de control de gestión que define los estándares de calidad.
El encuentro nacional –que sirvió de puntapié para articular acciones conjuntas entre las diferentes provincias y la Nación en materia de seguridad y accionar judicial- contó con la presencia de representantes de esas carteras, que llegaron desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Catamarca, Corrientes, Córdoba, Chaco, Chubut, Jujuy y La Pampa. También enviaron a sus autoridades, las provincias de La Roja, Misiones, Salta, San Juan, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero y Tierra del Fuego. En tanto que Río Negro y Tucumán se hicieron presentes a través de su secretario de Justicia y su secretario de Gobierno y Relaciones Institucionales respectivamente.
“El país es de todos y tenemos que pensar en dejar un país mejor, una Justicia mejor. Tenemos que lograr cambios importantes para nuestros hijos y nietos”, indicó el Ministro Cúneo Libarona al referirse a la importancia de avanzar en mejoras destinadas a las futuras generaciones.