El III Congreso de Derecho Procesal, organizado por el Colegio de Abogados de Bell Ville, es preparatorio del XXXIV Encuentro Panamericano de Derecho Procesal (Lima, noviembre 2025). El evento nacional abrió su programación con una nutrida presencia de magistrados, académicos y profesionales del derecho de todo el país.
La tarde comenzó con el Primer Panel: Aplicabilidad de la teoría del caso a la litigación, donde se abordaron cuestiones nucleares como la construcción narrativa inicial, la selección de pruebas y el gobierno de datos, con exposiciones de reconocidos especialistas. En este eje se destacaron las intervenciones sobre diseño defensivo y estrategias probatorias, que marcaron la impronta técnica del encuentro a pocas horas de su apertura oficial.
La conferencia central estuvo a cargo del Dr. José Virgilio Valerio, titulada “La importancia de la política de persecución penal en el modelo adversarial”, una presentación que situó la discusión en el cruce entre política criminal, criterios de persecución y las garantías del proceso en sistemas adversariales. La presencia del Dr. Valerio —Ministro Coordinador del Fuero Penal Colegiado de Mendoza— le dio al primer día un perfil especialmente institucional y operativo, acercando a la audiencia reflexiones sobre la articulación entre políticas institucionales y prácticas judiciales.
A continuación, el Segundo Panel: Teoría General de la Confirmación Procesal (prueba) profundizó en técnicas de argumentación probatoria, contrainterrogatorio y el tratamiento de informes periciales. Las exposiciones técnicas incluyeron el análisis de la argumentación probatoria, la técnica del contrainterrogatorio de testigos y la metodología para evaluar informes periciales y errores forenses —temas que resultan centrales para la práctica cotidiana de jueces, fiscalías, defensores y peritos.
El cierre de la primera jornada estuvo a cargo de la conferencia sobre “Análisis del Procedimiento Penal Federal. Cuestiones relevantes” a cargo del Dr. Maximiliano Hairabedián. Su presentación completó el mapa de problemáticas procesales desplegadas durante el jueves y puso el foco en los desafíos del sistema penal en su dimensión federal.
Qué esperar del segundo día
La programación del viernes anticipa una continuidad temático-académica: la prueba de los hechos (Nelson Angelomé), la actualidad del sistema recursivo con especial referencia a Córdoba (Omar Abel Benabentos), y la exposición sobre el Procedimiento Declarativo Abreviado (PDA) a cargo de César Arese y Ariel Curone.
Por la tarde, se debatirán sujetos procesales, la prueba digital y el control de la motivación fáctica en la segunda instancia, antes de las conferencias finales que cierran el congreso. Estos ejes confirman el perfil formativo y práctico del encuentro, pensado para actualizar criterios de actuación y métodos probatorios en el marco del proceso oral.
Balance institucional
El primer día del congreso dejó en claro la intención de combinar un alto nivel académico con la aplicabilidad práctica: desde la teoría del caso hasta las técnicas de prueba y la reflexión sobre las políticas públicas de persecución penal. Para jueces, magistrados, funcionarios y abogados, el evento funciona como un foro de intercambio entre doctrina y experiencia judicial, con el valor adicional de conectar a referentes provinciales y nacionales en una localidad de Córdoba que consolida su vocación como sede de debate procesal.
El congreso promete material de alto interés profesional para ser incorporado a la práctica cotidiana y a las discusiones de política procesal que atraviesan al país. El evento conjuga doctrina y praxis con un valor concreto: ofrecer herramientas operativas para optimizar la litigación, la valoración probatoria y la gestión procesal.
Las conclusiones de la primera jornada son prácticas, claras y concretas. Más allá de las diferentes realidades que atraviesan las diversas jurisdicciones de nuestro país, se puso de relieve la necesidad de planes de capacitación coordinados entre jueces, fiscales y defensores; la actualización de protocolos periciales y de gestión de prueba digital; la revisión de criterios de persecución penal y la racionalización de recursos. En suma, el intercambio académico de Bell Ville constituye una oportunidad para incorporar mejoras técnicas y organizativas que fortalezcan la calidad de la decisión judicial.