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La prisión domiciliaria como medio de reinserción social en la República Argentina del siglo XXI

“El trabajo estudia la prisión domiciliaria como alternativa al
encarcelamiento, con especial atención a su aplicación frente a las penas de corta
duración. Se examina la evolución y los fines de la pena de prisión, destacando los
efectos negativos que genera el encierro breve, tales como el contagio criminógeno, la
desculturación y la imposibilidad de acceder a programas de tratamiento adecuados.
Desde un enfoque normativo y dogmático, se analizan las principales críticas a la
prisión tradicional y se presentan medidas sustitutivas contempladas por el derecho
comparado y los tratados internacionales de derechos humanos. En este marco, la
prisión domiciliaria se propone como un instrumento idóneo para mitigar los daños del
sistema penitenciario, favorecer la reinserción social y materializar los principios de
humanidad, intervención mínima y proporcionalidad. Se concluye que esta modalidad
puede constituir una respuesta más eficaz y respetuosa de la dignidad humana en la
ejecución penal del siglo XXI.”

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Privación de libertad y situación de vulnerabilidad

El trabajo indagó el grado de conocimiento e integración de enfoques diferenciados por parte de los y las operadoras jurídicos del fuero penal de la Provincia de Mendoza respecto de grupos en situación de vulnerabilidad privados de libertad conforme los lineamientos de la Opinión Consultiva 29/22 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Se utilizó un instrumento de relevamiento conforme una metodología mixta que arrojó información sobre identificación de grupos vulnerables, principales demandas y necesidades, impacto de la privación de la privación de libertad y existencia de criterios y enfoques diferenciados en la justicia. Los resultados dieron cuenta de un conocimiento del impacto diferenciado del encarcelamiento sobre estos grupos, un somero conocimiento de la OC y una integración acotada del enfoque en los criterios de intervención y en la jurisprudencia analizada. Se desarrollaron lineamientos para el avance en la integración de enfoques diferenciados.

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¿Sistema penal juvenil basado en sanción o protección?

La adolescencia es una etapa de transición donde el aumento de autonomía puede llevar a conflictos con la ley. Es crucial abordar esta problemática reconociendo a los jóvenes como sujetos de derechos, considerando los múltiples factores de riesgo que influyen en su conducta delictiva. Estos factores son complejos, tanto individuales como sociales, y su interacción (económicos, familiares, culturales) predisponen a comportamientos antisociales. Evitar el reduccionismo es clave; cada caso es singular. Sin embargo, existen factores medibles: disfunción familiar, consumo de sustancias, deserción escolar y falta de un proyecto de vida. El proceso penal es vital para la respuesta social y para que el joven asuma su responsabilidad. Fortalecer el sistema de protección y las políticas públicas preventivas, basadas en el conocimiento de estos factores, es fundamental para la reinserción social y la protección de los derechos de los adolescentes.

El derecho a la información pública de personas con discapacidad visual: accesibilidad de la página web Del Poder Judicial De Mendoza

En estos últimos tiempos, las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TICs) han generado un importante impacto en nuestra vida cotidiana. Con ello, se ha impulsado notablemente el uso de las TICs para la mejora de la gestión y los servicios de la administración pública.
Ese impulso, lo vimos reflejado en la Justicia a través de “Justicia 2020” que incentivó, entre otros proyectos, el e-goverment. En este sentido, los sitios
oficiales de los poderes judiciales de la Nación brindan hoy información,
servicios, y permiten gestionar trámites y consultas que ayudan a agilizar los
procesos.
Aprovechar estas ventajas, es de gran relevancia en todos los niveles de
la sociedad. Sin embargo dentro de los usuarios, hay personas que poseen
capacidades diferentes y que se enfrentan tal vez con una nueva barrera, la que
interponen los diseños de páginas web que no contemplan sus
condicionamientos para el acceso a la información.
Para que haya una sociedad verdaderamente inclusiva, el Estado debe
ser garante de la accesibilidad a la información para todos los ciudadanos
cualesquiera sean sus capacidades.
En este trabajo analizaremos esta problemática, intentando evaluar la
accesibilidad del sitio web del Poder Judicial de Mendoza en relación a la
discapacidad visual.