La Dirección de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia quien encabeza estos encuentros, invita a jueces, fiscales, defensores oficiales, secretarios y relatores del ámbito penal a participar de esta experiencia que se llevará adelante en sectores específicos de Almafuerte. El primero se realizará el 11 de diciembre.
Con el objetivo de brindar información clara sobre el proceso penal y de ejecución penal así como procesos judiciales y administrativos vinculados a familia, es que la Dirección de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia de la Suprema Corte organizó un taller destinado a personas en contexto de encierro alojadas en el Penal Almafuerte.
Los talleres se llevarán a cabo con una periodicidad trimestral, comenzando el 11 de diciembre de 2025. La propuesta se materializará a través de un dispositivo grupal, una dinámica tipo asamblea, contando con coordinadores que faciliten la circularidad de la palabra.
Desde la Dirección de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia se convoca a participar de esta experiencia a jueces, fiscales, defensores oficiales, secretarios y relatores del ámbito penal.
“En particular se advirtió que la población recién ingresada a los penales es aquella que más carece de información y que presenta, además, situaciones que la dejan en situación de mayor desventaja, como es el caso de mujeres detenidas cuyos hijos/as resultan institucionalizados, alejados de sus centros de vida o bien se inician procesos de adopción. Así también la población de jóvenes adultos, con menor tránsito institucional en la privación de libertad, suele tener menos información así como demandar en menor medida el acceso a ella”.
Esta es la fundamentación que se plasmó en el documento a través del cual se termina autorizando el ingreso del personal al complejo penitenciario para la realización del taller de “Acceso a la Justicia”, cuyo objetivo específico es establecer esta actividad de forma continua y de manera trimestral.
En la resolución que da luz verde a la realización de esta actividad se deja en claro se considera que “el acceso a la justicia es un derecho fundamental especialmente relevante en contextos de encierro, donde las personas privadas de libertad enfrentan mayores barreras para comprender y ejercer sus derechos. Mujeres y jóvenes adultos conforman grupos con necesidades específicas, derivadas de situaciones de vulnerabilidad, trayectorias de violencia y limitada alfabetización jurídica, lo que exige intervenciones diferenciadas y con perspectivas de género y juventud”.
