Cuatro empresas se presentaron a la licitación para construir el Centro Cívico Judicial de Tunuyán
Se trata de una obra que tendrá dos edificios y donde se va a nuclear todo el sistema judicial de la Cuarta Circunscripción. El costo de la obra es de $14.584 Millones y será financiada un 50% por el Poder Judicial y 50% por el Ejecutivo.
El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Dalmiro Garay Cueli junto a Marité Badui, subsecretaria de Infraestructura y Desarrollo Territorial de Mendoza fueron los encargados de hacer la recepción y apertura de sobres con las propuestas económicas para la construcción de un nuevo Centro Cívico para el Valle de Uco.
“Hay cuatro oferentes y es bueno que haya competencia de propuestas de distintas empresas. Hoy se trabaja en las instalaciones de un viejo hospital, de la década del 50 y se pretende reemplazar esa infraestructura antigua, ubicada en pleno centro de Tunuyán, por un moderno edificio que fue diseñado por arquitectos de los equipos técnicos del Poder Judicial. Esto representará una mejor prestación de servicios a la ciudadanía porque vamos a nuclear todo el sistema de la Cuarta Circunscripción en ese edificio, es decir que será multifueros: penal, laboral, civil, penal juvenil, familia. Además también estará allí el Ministerio Público Fiscal, Ministerio Público de la Defensa; Y el Poder Ejecutivo con el Registro Civil, la delegación de la Subsecretaría de Trabajo, CEO entre otros”, remarcó el presidente de la corte luego del acto realizado en el 7° piso de Casa de Gobierno.
Y destacó que “este edificio es fruto de un convenio con el Poder Ejecutivo, donde la mitad de los fondos la pone ese Poder y la otra parte, corresponde al Poder Judicial. Hubo, además, activa colaboración entre los equipos técnicos de ambas instituciones; esto habla a las claras que el diálogo entre poderes es significativo porque el objetivo directo es beneficiar al ciudadano”.
El Presidente de la Suprema Corte remarcó que “Hubo una notable inversión en infraestructura para el Poder Judicial –incluido este Centro Cívico- y me animo a decir que es la más importante de las últimas 3 décadas”. Y adelantó que se está trabajando en otros proyectos como, por ejemplo, los edificios multifueros para Lavalle, General Alvear y otros departamentos; así como también la reforma y ampliación de los juzgados de Familia de Las Heras y Maipú (ubicados en edificios pertenecientes al Poder Judicial) entre otras propuestas que estarán circunscriptas a las mejoras que se produzcan en la macroeconomía.
Marité Badui, Subsecretaria de Infraestructura y Desarrollo Territorial del Gobierno de Mendoza aseguró que “este proyecto mejorará la prestación y la calidad del servicio de justicia. Una obra que tiene 18 meses de ejecución y esperamos terminarla en ese tiempo”.
En cuanto a los oferentes, la funcionaria del Poder Ejecutivo informó que “Hubo 4 ofertas, algunas de ellas fueron en UTE: Obras Andinas-Genco; CEOSA-Tolcon¸ Corporación del Sur y Stornini constructora San José”. Ahora se reunirá la Comisión de Evaluación de Ofertas integrada por miembros de ambos poderes y se espera adjudicar en un plazo no superior a las tres semanas.
El proyecto licitado
El Centro Cívico Judicial tendrá dos edificios: uno de 3.362 m2 y otro de 1.715 m2. En su interior habrá oficinas de gobierno, dependencias del Misterio Público Fiscal, Ministerio Público de la Defensa, junto a otras dependencias de la Suprema Corte.
Asimismo, la licitación contempló también la construcción de un edificio de 615 m2 cubiertos, en dos niveles, para nuclear tres organismos: CEO, Unidad Investigativa y Policía Científica.
La tipología constructiva es una combinación de estructura de hormigón armado, mampostería y elementos metálicos con núcleo aislante de poliuretano de alta densidad. Los edificios estarán vinculados a través de calles internas sin descuidar los espacios destinados para estacionamientos y áreas de servicios.
La obra completa requiere una inversión de $14.584 millones de pesos y los fondos saldrán de rentas generales: un 50% financiado por el Poder Ejecutivo y la otra mitad por parte del Poder Judicial.