Dalmiro Garay defendió en el Senado el Beneficio de Litigar sin Gastos
La medida ya cuenta con media sanción de la cámara de Diputados. El presidente de la Suprema Corte de Justicia expuso hoy ante la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales el proyecto de ley que propone modificar el artículo 96 del Código Procesal Civil, Comercial y Tributario (Ley 9.001), con el objetivo de modernizar y agilizar el régimen del Beneficio de Litigar sin Gastos.
El pasado 19 de agosto, La Suprema Corte de Justicia, presentó en la legislatura provincial una iniciativa que busca modernizar el beneficio de litigar sin gastos, pudiendo acceder al mismo de manera más ágil y de la misma forma ser eficiente con los recursos del Estado. Esto si bien fue uno de los principales anuncios que comunicó el Presidente de la Corte, Dalmiro Garay Cueli, en la apertura del año judicial 2025, cuenta con el aval de todos los ministros del máximo tribunal de justicia de la provincia.
La propuesta busca garantizar el acceso a la justicia de las personas que no cuentan con recursos económicos suficientes, mediante un sistema más rápido, transparente y eficiente. Hoy, la tramitación del beneficio representa entre el 18 y el 24% de las causas que ingresan al Poder Judicial y puede demorar hasta tres meses, con un alto costo en tiempo y recursos.
En concreto lo que hace el proyecto de ley, que ya cuenta con media sanción de la cámara de Diputados, es modificar el artículo 96 del Código Procesal Civil, Comercial y Tributario (Ley 9.001). La concreción de la nueva herramienta contó con el aporte del ministro Mario Adaro, coordinador de Innovación y Tecnologías del Máximo Tribunal de Justicia.
El proyecto incorpora un procedimiento automatizado desarrollado por la Dirección de Informática del Poder Judicial, que permite a los tribunales verificar en menos de un minuto si corresponde otorgar el beneficio, emitiendo una constancia con firma digital. Esto es posible gracias a la interoperabilidad con la base de datos del Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS), que concentra información de organismos nacionales y provinciales.
“Este beneficio insume cerca de 9.000 horas hombre y un costo aproximado de $150.000.000 al año en salarios. Pero, sobre todo, al ciudadano le significa recorrer oficinas públicas y adjuntar documentación que ahora podrá verificarse automáticamente. Con este sistema reducimos un trámite que demoraba meses a menos de un minuto”, explicó Garay Cueli ante los senadores.
En los casos en que el sistema informático deniegue la solicitud, se mantendrá vigente la vía tradicional por incidente, lo que asegura que todas las personas puedan acreditar su situación económica ante el tribunal.
Con este proyecto, el Poder Judicial de Mendoza busca simplificar procesos, optimizar recursos y reforzar la tutela judicial efectiva, reafirmando su compromiso con la innovación institucional y con la eliminación de barreras económicas para el acceso a la justicia.