El Fuero Penal Colegiado realizó nuevamente las auditorías internas del Sistema de Gestión de Calidad en juzgados y tribunales de la Primera y la Segunda Circunscripción Judicial. El objetivo es verificar y mejorar los procesos que ya forman parte del alcance certificado desde 2018 bajo la coordinación del Ministro de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, Dr. José Valerio.

Las auditorías estuvieron a cargo de la Auditora de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, Lic. Celina Abaurre, junto a las Auditoras Internas Agostina Muza y Liliana Zuluaga. Las jornadas de trabajo se desarrollaron en el Polo Judicial de Mendoza y en delegaciones de la Segunda Circunscripción.

Según explicó la Lic. Abaurre, “esta auditoría interna es una instancia obligatoria que debe realizarse previamente a la auditoría externa”. El cierre de la auditoría produce un informe final que puede detectar fortalezas, oportunidades de mejora, no conformidades y observaciones. De esta forma, se busca orientar las acciones correctivas previas a la certificación externa.

Gestión judicial con calidad

La implementación de la Norma ISO 9001:2015 en el Fuero Penal Colegiado, iniciada en 2018 bajo la coordinación del Ministro de la Suprema Corte de Justicia, Dr. José Valerio, responde a la necesidad de dotar al servicio de justicia de herramientas que permitan la estandarización y la eficacia de sus procesos. Este marco normativo orienta la planificación, la definición de objetivos y la medición del desempeño, con el fin de consolidar prácticas ordenadas y controladas en la gestión de audiencias y trámites judiciales.

Por ello, las auditorías internas anuales del Sistema de Gestión de Calidad se diseñan para evaluar rigurosamente el cumplimiento de esos estándares y medir la calidad de los servicios prestados. Estas instancias permiten identificar áreas de mejora, planificar acciones correctivas y asegurar que la documentación, los registros y los indicadores reflejen un proceso gestionado con criterios técnicos y operativos sólidos.

La revisión periódica de los procesos no solo optimiza la operativa interna, sino que también genera beneficios institucionales claros: mayor transparencia, mejor accesibilidad a los servicios y un fortalecimiento de la confianza ciudadana en el sistema de justicia. En suma, la auditoría interna es un paso clave hacia la mejora continua y la excelencia en la prestación del servicio público judicial.