El Protocolo vigente en la Justicia de Mendoza para abordar casos de violencia laboral por motivos de género fue expuesto en un encuentro Nacional
La herramienta, que lleva casi dos años y medio desde su aplicación, se compartió en el marco del Encuentro Nacional sobre Buenas Prácticas en Materia de Derechos Humanos de las Mujeres en Poderes Judiciales Provinciales.
En sintonía con las normas internacionales y nacionales vigentes en materia de protección de los derechos humanos de las mujeres en todos los ámbitos donde ellas desarrollan su vida, el pasado 8 de marzo de 2023, la Justicia de Mendoza puso en marcha un servicio clave. El objetivo consistió en promover un espacio de trabajo equitativo, con igualdad de oportunidades para varones y mujeres, inclusivo y diverso sin discriminaciones basadas en la identidad de género u orientación sexual en el ámbito del Poder Judicial.
Fue así como, en el marco de un trabajo conjunto realizado por la Suprema Corte de Justicia, el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa y Pupilar, se presentó y comenzó a ser puesto en marcha el Protocolo de Actuación frente a Casos de Violencia Laboral por Motivos de Género, justamente en coincidencia con la fecha que representa el Día Internacional de la Mujer.
Ahora, a más de dos años desde aquella primera puesta en marcha, la herramienta se ha postulado no sólo como el dispositivo por excelencia para todas aquellas personas que trabajan en el Poder Judicial, Ministerio Publico Fiscal y Ministerio Público de la Defensa (sin distinción de cargo, función, modalidad de contratación o antigüedad en la función), sino que se hace extensivo además a situaciones de violencia por motivos de género que se produzcan en dicho ámbito contra cualquier organismo, por parte de profesionales que, en razón de sus funciones o actividades, mantienen algún tipo de relación con la víctima, sino que es una experiencia que sienta un precedente ejemplificador a nivel Nacional.
De hecho, a principios de agosto, Pamela Cuartara, Asesora de la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza a cargo de la Dirección de la Mujer, Género y Diversidad “Dra. Carmen María Argibay”, participó en el Encuentro Nacional sobre Buenas Prácticas en Materia de Derechos Humanos de las Mujeres en Poderes Judiciales Provinciales.
El evento, organizado por la Comisión de Género de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (JuFeJus), y la Oficina de la Mujer de la Suprema Corte de Justicia de la Nacion se celebró en la ciudad de Purmamarca, Jujuy.
Durante su exposición, Cuartara presentó la buena práctica implementada en el Poder Judicial de Mendoza y dio a conocer los aspectos esenciales sobre los cuales se basó el Protocolo de Actuación.
Detalló que esta herramienta se ubica como un avance transcendental en materia de políticas públicas institucionales con perspectiva de género y de hecho, halla sus fundamentos en diversos instrumentos internacionales, tales como la Convención de Belém do Pará, la CEDAW, los Convenios N° 111 y 190 de la Organización Internacional del Trabajo así como también las Leyes nacionales N° 26.485 (de protección integral), N° 26.743 (de identidad de género) y N° 27.499 (Ley Micaela). El documento también se vincula con la normativa provincial, como la Ley N° 9120 de Familia y Violencia Familiar.
“Este encuentro histórico permitió compartir y conocer las buenas prácticas implementadas en distintas jurisdicciones, fomentando el trabajo en red y facilitando el intercambio de experiencias que acortan caminos en la aplicación efectiva de políticas y estrategias”, valoró Cuartara y aclaró que “la iniciativa refuerza la colaboración entre organismos judiciales y oficinas de la mujer, consolidando un compromiso común por garantizar los derechos humanos de las mujeres y promover la igualdad de género en todo el país”.
El principal objetivo del protocolo -compartió la profesional dedicada a garantizar su implementación- consiste en prevenir, detectar y abordar de manera precoz situaciones de violencia de género en el ámbito laboral del Poder Judicial. Justamente, esos aspectos fueron los más destacados en su ponencia, en el marco del encuentro realizado en la provincia del norte.
Cuartara destacó que este protocolo se postula como una herramienta esencial para canalizar consultas, derivaciones y denuncias, garantizando una intervención con perspectiva de género. Se evita así la revictimización y la superposición de actuaciones.
Ámbito de aplicación
Es importante destacar que el Protocolo de actuación frente a casos de violencia laboral por motivos de género en el ámbito del Poder Judicial, se aplica a todo el personal del Poder Judicial de Mendoza en sus cuatro Circunscripciones Judiciales.
La Dirección de la Mujer, Género y Diversidad es el organismo encargado de recibir las presentaciones, las cuales pueden realizarse de forma presencial, por escrito o vía correo electrónico, sin necesidad de patrocinio letrado.
Su funcionamiento es el siguiente: una vez que se evalúa la situación, se puede activar el protocolo con la apertura de un legajo y se la comunica a la máxima autoridad del organismo.
Luego, la investigación administrativa corre a cargo de la Secretaría Legal y Técnica o Inspección Judicial, mientras que la Dirección de la Mujer puede recomendar medidas preventivas, tales como la separación de espacios físicos, o el traslado del agresor juntamente con el abordaje al mismo a través de capacitaciones o programas especiales que lleven a mejorar las habilidades sociales y laborales básicas que propicien un ambiente de trabajo sin violencia por motivos de género.
El Protocolo de Actuación constituye un avance significativo para Mendoza en el desarrollo de políticas institucionales con perspectiva de género. Su implementación promueve un entorno de trabajo equitativo y diverso. Tal como se concluyó en el Encuentro de JuFeJus, la erradicación de la violencia y la construcción de un Poder Judicial libre de agresiones es una responsabilidad compartida que requiere de un profundo compromiso de todas las partes.
El documento se rige por una serie de principios fundamentales para garantizar un abordaje integral y ético de las situaciones de violencia. Entre ellos se destacan: la confidencialidad y el respeto, la asistencia y el asesoramiento gratuito, la celeridad, la no revictimización y el debido proceso.
Procedimiento
El protocolo establece un procedimiento claro y accesible para las personas que deseen realizar una consulta o denuncia, con el siguiente paso a paso:
1) Presentación: La persona afectada puede realizar su presentación de forma presencial, por escrito o a través del correo electrónico de la Dirección de la Mujer, Género y Diversidad. No es necesario contar con patrocinio letrado para el inicio del trámite.
2) Abordaje y Asesoramiento: La Dirección de la Mujer se encarga de la primera atención. Se brinda asesoramiento sobre la situación y las posibles acciones a seguir. En esta etapa se busca contener a la persona y brindar la información necesaria para que tome una decisión informada.
3) Activación del Protocolo: Si de la consulta se desprenden indicios de violencia laboral por motivos de género, se procede a la apertura de un legajo y se activa el protocolo. Para ello, se requiere el consentimiento informado de la persona afectada.
4) Comunicación y Derivación: Una vez iniciado el proceso formal, se comunica la situación a la máxima autoridad del organismo. La investigación administrativa de los hechos queda a cargo de la Secretaría Legal y Técnica o la Inspección Judicial, según corresponda.
5) Medidas Preventivas: Durante el proceso, la Dirección de la Mujer puede recomendar a la Dirección de Recursos Humanos la implementación de medidas preventivas para resguardar a la persona denunciante. Estas medidas pueden incluir la separación de espacios físicos, el trabajo remoto para el agresor o la realización de capacitaciones obligatorias en género.
6) Monitoreo y Seguimiento: La Dirección de la Mujer, Género y Diversidad realiza un seguimiento de las situaciones abordadas y lleva un registro estadístico para contar con información que permita evaluar la implementación del protocolo y planificar futuras políticas.