La Ley 9040 creó los Tribunales y Juzgados Penales Colegiados de Mendoza provocando la transformación de la Justicia Penal en la provincia. De esta forma, el Dr. Sebastián Sarmiento integra el Juzgado Penal Colegiado N° 1 y la Dra. Mariana Gardey es una de las magistradas que conforman el Juzgado Penal Colegiado N° 2. Ambos se desempeñan en la Primera Circunscripción Judicial de Mendoza con una vasta y rica experiencia no sólo en Ejecución Penal sino también en la vida intramuros.

Capacitación y oferta laboral en contextos de encierro

El Dr. Sarmiento recordó su paso por distintas funciones en el Servicio Penitenciario Provincial y señaló: “La experiencia de emprendimientos privados dentro de las cárceles viene desde hace muchos años. Entre el 2009 y el 2011 comenzamos con las primeras experiencias cuando era director de Almafuerte y luego director General del Servicio Penitenciario. En ese entonces, unas cinco empresas comenzaron a instalarse progresivamente dentro de los contextos carcelarios y durante estos años se han mantenido. Ahora es el propio gobernador el que está tratando de impulsar en forma personal y como política de Estado esta modalidad. Entiendo que es la única solución para garantizar la capacitación y la oferta laboral en contextos carcelarios, ya que es muy dificultoso que sea el propio Estado el que garantice estas circunstancias. Esto es porque hay un costo operativo y uno de inversión. Además, es el privado el que puede garantizar la demanda de mano de obra, lo que es muy dificultoso para el Estado”.

Sin embargo, el magistrado sostuvo que la iniciativa debe ir acompañada por otras medidas al sostener: “Creo que esto se debe ir complementado. Primero por una profunda revisión del sistema normativo que regula el tema del empleo y el pago de salarios en ámbitos carcelarios. La ley actual lleva adelante una reducción muy significativa como descuentos al salario que termina recibiendo esa persona detenida y que lo hace poco atractivo para cualquier trabajador. Si le pagan muy poco, esto desmotiva la actividad laboral.”

Asimismo, el Dr. Sarmiento opina que también se debe generar un acompañamiento de parte del propio Estado o de organizaciones intermedias en cuanto a la formación humana de las personas que se incorporen a los emprendimientos privados para brindarles herramientas prosociales vinculadas a la formación técnica y digital. “Son competencias en las que hay que reforzar a las personas porque, ya sea en el ámbito de emprendimientos privados adentro de la cárcel o en vistas de una libertad, carecer de estas herramientas básicas también va a impedir que puedan insertarse social y laboralmente. Creo que no es solamente ofrecerles trabajo sino también acompañarlos en ese proceso y brindarles estas herramientas, estas propuestas de formación complementaria que son muy importantes porque una persona que no sabe calcular un presupuesto, que no tiene idea de finanzas, de cómo se maneja hoy el mundo digital, que no tenga capacidad para interrelacionarse con otras personas o clientes, difícilmente pueda llevar adelante un emprendimiento laboral o de incorporarse a la demanda de alguna empresa”.

En ese contexto, el juez pidió que se garanticen los cupos educativos en los penales provinciales. Manifestó que “hay muy poca oferta para garantizar la terminalidad educativa primaria y secundaria. Solamente entre el 8 y el 10 por ciento de la población puede hacerlo y hay que tener en cuenta que más del 80 por ciento de las personas que ingresan detenidos vienen con la primaria incompleta, es decir, que debería ser una consigna básica”.

Coordinación entre los sectores público y privado

Por su parte, la Dra. Mariana Gardey también se mostró a favor de la medida al afirmar: “Creo que es una muy buena iniciativa que ha tenido el gobernador de nuestra provincia en torno a tratar de poner soluciones y alternativas que mejoren las posibilidades de reinserción social de las personas privadas de libertad con la importancia que tiene la actividad laboral y el poder desarrollar hábitos laborales y el impacto que tiene en la reinserción social. Además, sirve para mejorar su situación de encierro”.

Por otra parte, la magistrada destacó que estos convenios con el sector privado implican una buena coordinación entre los sectores público y privado en pos del mejoramiento de las condiciones de la seguridad ciudadana. Opinó que “se debiera aportar de las dos partes para poder lograr que con la  inversión privada ellos también obtengan una mano de obra que puedan capacitar y que también le sirva para poder tener una proyección de reinserción social”.

En base a su experiencia, la Dra. Gardey sugirió que los internos incluidos en la iniciativa podrían recibir “una capacitación o una certificación que les sirva de base para poder conseguir trabajo una vez que obtengan su libertad, pensando en su reinserción social. Es decir, que pueda continuar con esta actividad laboral ya que es muy difícil la reinserción social cuando una persona egresa de nuestro sistema penitenciario”.

En este punto, destacó que en los trabajos bien calificados siempre hay pedidos que no existan antecedentes penales computables por lo que “el sector privado debería aceptar el compromiso de recibir a estas personas que ya han demostrado tener alguna capacitación en contexto de encierro, independientemente de la existencia de antecedentes penales computables que los obliga a reinsertarse en actividades informales.