En los últimos años los sistemas judiciales han experimentado transformaciones significativas, especialmente desde la recuperación democrática en nuestro país y la adopción de nuevos modelos jurisdiccionales en Latinoamérica. En este contexto, el sistema oral, adversarial y de contradictorio ha demostrado óptimos resultados. Entre los debates instalados en nuestro país, la regulación normativa del juicio por jurados ha sido sin dudas uno de los temas centrales. La proyección y posterior puesta en funcionamiento, activó profundas resistencias dentro y fuera del ámbito judicial, poniendo en tela de juicio las posibilidades de su eficacia, su adecuación a la cultura jurídica local y la capacidad de las personas que integrarían el jurado. En el presente trabajo, he tenido como objetivo principal analizar si la construcción de indicadores de gestión, permite realizar un análisis político criminal sobre el modelo de juicio por jurados. Este trabajo aporta información de valor acerca de cuál sería el modelo de política criminal al que hemos arribado, luego de la sanción de este aparato normativo en la provincia de Mendoza. Para ello, determinar qué indicadores nos ayudarían a descubrirlo resulta vital.