La justicia defendió su pauta de gastos para el 2025

El presidente de la Suprema Corte, Dalmiro Garay fue el primero en exponer. Luego fue el turno de Alejandro Gullé, Procurador General y cerró la mañana la Defensora General Cecilia Saint André. El presupuesto de los tres organismos asciende a $218.977 Millones de pesos.

Las máximas autoridades del Poder Judicial de Mendoza, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Dalmiro Garay Cueli, el responsable del Ministerio Público Fiscal, Alejandro Gulle y la Defensora General de la provincia, Cecilia Saint André expusieron durante toda la mañana la pauta de gastos que tendrán cada uno de esos organismos durante el 2025. En total el funcionamiento de la justicia en Mendoza demandará $218.977 Millones.

Cabe mencionar que el presupuesto general 2025, girado por el Poder Ejecutivo, para el máximo tribunal de justicia asciende a la suma de $136.506.927.409. Mientras que para el Ministerio Público Fiscal la suma es de $65.184.972.566 y para el Ministerio Público de la Defensa llega a los $17.287.585.755.

Pasadas las 9:15 fue el presidente de la SCJ quien comenzó su ponencia realizando un repaso de lo hecho durante 2024 y los proyectos para la conclusión del año y el 2025. “La participación de la Suprema Corte en materia de Presupuesto General, verán que en el 2023 era el 2.6 %; en 2024, 3.17 % y el que está en consideración de ustedes representa el 3.8 %”, aclaró Dalmiro Garay a la hora de referirse al porcentaje del total de gastos previstos para la Provincia en el 2025.

Y explicó que “cabe acotar que el porcentaje del 3.17 % del 2024 fue la primera vez que se incluyó el financiamiento 368, que nos permitió renegociar con el agente financiero que tiene el Poder Judicial para depósitos judiciales y esos fondos son los que se utilizarán para pagar la obra de Tunuyán (Un polo judicial para el Valle de Uco); ya que la ley que fue aprobada nos obliga afectarlo a infraestructura física o tecnológica pero el aumento del 2023 al 2024 no fue por rentas generales sino que fue ante este nuevo recurso afectado que se sumó a la tasa de justicia”  

El Presidente de la Suprema Corte destacó la gestión del área de administración poniendo en valor que “estaríamos llegando a fin de año con el 98% del monto presupuesto ejecutado”.

Durante este año se hizo una fuerte inversión en infraestructura renovando y modernizando tanto el Edificio II (San Martín 322), como el Palacio de Justicia. También se apostó fuerte a la tecnologización de la Justicia destinando gran parte de los recursos a computadoras, seguridad informática, así como a la generación de productos novedosos como el Data-Ley, el expediente electrónico, el sistema de gestión de audiencias la aplicación móvil para abogados y la firma digital ciudadana. Todos avances pensando en el acceso a la justicia de los ciudadanos.

Sobre el Presupuesto 2025, Garay sostuvo que el objetivo de este año tiene que ver con los profundos cambios realizados hace años atrás en el Poder Judicial y agregó que la decisión “fue innovar y esto no se reduce solo a tecnología, sino innovar en servicios y productos (infraestructura, desarrollos propios), en una mejor aplicación de la legislación, en como prestamos los servicios, en capital humano. Esto marcó la manera en que vamos -y hemos asignado- la pauta de gastos”.

Sin dudas la gran inversión para el 2025 es el comienzo de la obra del Centro Cívico Judicial de Tunuyán (Ver proyecto), pero también está pensado “mejoras edilicias en los fueros de familia de Maipú y Las Heras tal como hicimos en Godoy Cruz; sin olvidar que habrá afectaciones del presupuesto en Malargüe y Lavalle donde pondremos en marcha un proyecto piloto que nos permita generar una estructura edilicia multifueros; lo que implicará una reducción en materia de alquileres”, detalló Garay.

El presidente de la Corte explicó que la revolución organizacional y la tecnología aplicada a la gestión cambió la fisonomía de los tribunales en Mendoza y que esto requiere necesariamente de modificaciones en las estructuras de personal, por eso se está trabajando junto a los gremios en el Convenio Colectivo de Trabajo. Asimismo, el Ministro ponderó el trabajo conjunto con el personal.

Finalmente, Dalmiro Garay se mostró convencido que las reformas procesales cambian la realidad de los ciudadanos y hay que avanzar en ese punto e invitó a los Legisladores a trabajar en un sistema de contrataciones del sector público que permita adecuar la manera en que se contrata la tecnología.

Como cierre, el Presidente Garay agregó que “desde el Poder Judicial tenemos un presupuesto equilibrado y que el 2024 será ejecutado casi en su totalidad y el previsto para el 2025 apunta a la continuidad de inversión en infraestructura, innovación y tecnología tendientes a que se litigue mejor, que el acceso a justicia sea más rápido y que la decisión de justicia llegue en menor tiempo y sea de la mejor calidad posible”.

Ministerio Público Fiscal

El procurador General, Alejandro Gullé, acompañado de sus equipos técnicos explicó el detalle de como se está trabajando en el Ministerio Público Fiscal y realizó un informe de gestión 2016-2023, brindó una rendición de cuentas 2024 y habló de las expectativas que tiene para el año entrante con el presupuesto de $65.184.972.566 que le asignó el Poder Ejecutivo.

Además de los logros de gestión, Gullé hizo referencia a las compras efectuadas durante este año como insumos y materiales de trabajo para las Unidades fiscales, el Cuerpo Médico Forense, el Registro de Huellas Genéticas, entre otros. La inversión en contratación de profesionales en psicología para los organismos ESEAAS, EPI, PROVA y Cuerpo Médico Forense.

Expresó el Procurador sus expectativas de inversión pública vinculados con la construcción de un edificio para el Cuerpo Médico Forense, el edificio para la Segunda Circunscripción Judicial y lo propio en la tercera circunscripción.

Finalmente, hizo hincapié en el necesario refuerzo de la planta de personal para el Ministerio Público Fiscal, tales como cargos para Unidades de Fiscalías de Instrucción, Ayudante fiscal, secretario, prosecretarios y personal técnico y de administración.

Ministerio Público de la Defensa y Pupilar

Cecilia Saint André, Defensora General de Mendoza presentó la pauta de gastos por $17.287.585.755 ante las comisiones respectivas de la Legislatura provincial con la finalidad de lograr fortalecer la federalización del servicio, el desarrollo tecnológico y fortalecimiento de áreas sensibles vinculadas con la ciudadanía.

La responsable del citado Ministerio hizo referencia a los logros obtenidos productos de lo que definió como un “planificado modelo de gestión”. Sostuvo que hubo un crecimiento de la demanda del servicio de todos los fueros y dado que no se proveyeron nuevos cargos, fue un logro relevar a todo el personal administrativo entre los auxiliares y secretarios, identificar a quienes poseían título de abogado y se los convocó para ofrecerles de una refuncionalización de sus actividades diarias, brindándoles mejoras y la posibilidad de aplicar los conocimientos obtenidos a través de su título.

Sostuvo que se crearon las figuras del asesor y del asistente letrado de la defensa; sin generar cambios en las situaciones de revistas del personal, ni que esto implicara la creación de cargos nuevos y que “estamos profesionalizando el Ministerio Público con el objetivo de que los próximos años todo el personal de la Defensa tengan título de abogado y brinde servicios acordes a su capacidad y experiencia”.

A nivel tecnológico, Cecilia Saint André ponderó las mejoras tecnológicas en cuanto a la generación de más espacio de almacenamiento y registro de bienes y archivos y en cuanto a organización, destacó la reubicación de las dependencias en el departamento de San Rafael, que estaban en distintos pisos y salas del Edificio Judicial de la Segunda Circunscripción.

Los equipos técnicos explicaron que la mayor parte de la inversión presupuestaria se va a las partidas de personal y solamente el 4.24% de ese total asignado para el Ministerio corresponde a otro tipo de inversiones, como tecnología o infraestructura.

Agregaron que, este año, el total del financiamiento del Ministerio fue el 33% de tasa de justicia y el 67% correspondiente al fondo de depósitos judiciales ambos a ejecutar en su totalidad.

La Defensora expreso que, durante este año, ya se asesoraron a más de 129.000 personas y que proyectando los datos al trimestre que resta -para el 2024- estiman superar las cifras obtenidas del 2023, lo que implicará una atención promedio de 700 personas por día en toda la provincia.

Cecilia Saint André manifestó la necesidad de contar con más personal, ya que estima que para el año 2025 -si se mantiene el promedio de crecimiento evidenciado- se habla de un incremento de la demanda del servicio estimado entre un 15% y un 20%.

Al igual que ocurrió en 2023 y 2024, el Ministerio Público de la Defensa volvió a insistir con la construcción del edificio propio en el predio del Polo Judicial Penal de la 1ra Circunscripción.