La presente tesis analiza la problemática del sobreendeudamiento de los consumidores en Argentina, con especial énfasis en la realidad judicial de Mendoza. La autora sostiene que la actual Ley de Concursos y Quiebras (24.522) es anacrónica e insuficiente para personas físicas no comerciantes, ya que les impone un proceso diseñado para empresas que termina desprotegiendo al deudor individual. Identifica a los empleados públicos como el sector más vulnerable debido al uso de su salario como garantía frente a "créditos predatorios" y sistemas de códigos de descuento. Propone reformas legislativas basadas en el "fresh start" (nuevo comienzo), la educación financiera y la aplicación obligatoria de principios de protección al consumidor en procesos universales. Finalmente, destaca las soluciones innovadoras de los tribunales mendocinos que aplican el principio de dignidad para limitar embargos y asegurar la subsistencia del deudor.