La Ley 27801 de Régimen Penal Juvenil, sancionada y promulgada en 2026, modificó sustancialmente el sistema argentino de justicia juvenil, entre otras medidas, al reducir de 16 a 14 años la edad de imputabilidad. Este artículo analiza la compatibilidad de dicha reforma con las obligaciones internacionales asumidas por Argentina, especialmente a la luz de la Convención sobre los Derechos del Niño, las Reglas de Beijing, la Observación General N.º 24 y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Mediante el análisis de precedentes interamericanos y experiencias regionales comparadas, sostiene que la reforma plantea serias tensiones con la no regresividad y el interés superior del niño.