La adolescencia es una etapa de transición donde el aumento de autonomía puede llevar a conflictos con la ley. Es crucial abordar esta problemática reconociendo a los jóvenes como sujetos de derechos, considerando los múltiples factores de riesgo que influyen en su conducta delictiva. Estos factores son complejos, tanto individuales como sociales, y su interacción (económicos, familiares, culturales) predisponen a comportamientos antisociales. Evitar el reduccionismo es clave; cada caso es singular. Sin embargo, existen factores medibles: disfunción familiar, consumo de sustancias, deserción escolar y falta de un proyecto de vida. El proceso penal es vital para la respuesta social y para que el joven asuma su responsabilidad. Fortalecer el sistema de protección y las políticas públicas preventivas, basadas en el conocimiento de estos factores, es fundamental para la reinserción social y la protección de los derechos de los adolescentes.