Yaqui: especialista de la UIF dijo que “hubo maniobras típicas del lavado de activos”
Así lo confirmó uno de los abogados de la Unidad de Información Financiera. El letrado detalló los movimientos económicos que realizaba la banda y no dudó en confirmar que existían inconsistencias con sus patrimonios.
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(FUENTE EL SOL) Uno de los testigos que declaró en la segunda audiencia del debate que se lleva adelante en los tribunales federales contra Jaquelina Vargas y siete miembros de su familia comprometió a la banda en el delito de lavado de activos que los tiene como imputados.
Se trata de un abogado de la Unidad de Información Financiera, Juan Manuel Garrido -el organismo además se constituyó como querellante en la causa-.
El letrado que se desempeña como analista fue uno de los que elaboró un informe sobre las actividades comerciales de cada uno de los ocho imputados en la causa y la constató con la situación patrimonial.
De acuerdo a su declaración, por un pedido de juzgado se analizó la situación patrimonial de Sandra Vargas, su hija Silvina, su suegra, Nora Carmen Gatto; sus hermanas, Patricia Mercedes Vargas, Silvana Natalí Vargas y Romina Vargas; su hermano Carlos Damián Vargas y uno de sus sobrinos, Jonathan Daniel Brizuela. En el informe, sostuvo Garrido, casi ninguno de los sospechosos cuenta con una actividad comercial. Solo Nora Gatto es quien figura como monotributista categoría B, es decir, que podía facturar $48 mil anuales. La mujer, propietaria de una rotisería del barrio Los Toneles era la única que figuraba con una actividad formal.
Al respecto Garrido aclaró que “en la persona que tenía una actividad surgía una inconsistencia entre la situación patrimonial y las actividades declaradas”. En este punto el letrado sostuvo que “se observa una maniobra típica del lavado de activos”.
Asimismo en el informe elaborado por el organismo Gatto tiene a su nombre tres vehículos, entre ellos una Toyota SW4 que tiene un valor que ronda los $500 mil y en el período de noviembre y febrero de 2013 y 2014 realizó dos giros de dinero que superan los $50 mil.
En este punto, Garrido remarcó que “no comprendo cómo una monotributista categoría B puede tener un vehículo de alta gama”.
Sobre esto, la defensora, Fernanda Ante, pidió incorporar nuevas pruebas. Las mismas serían los comprobantes de los giros que realizó su cliente y que estarían relacionados con el envío de dinero para una hija de la mujer que vive en el exterior.
El tribunal por su parte analizará la pertinencia de estos elementos.
Por otro lado en el comienzo del debate se conocieron las pericias psicológicas y psiquiátricas a las que fue sometida, por pedido de su defensa, Silvina Gelvez, la hija de la Yaqui.
Los estudios si bien fueron concluyentes al afirmar que es consciente de sus actos y por lo tanto penalmente responsable, remarcaron que la joven es emocionalmente inestable, con escasa autocrítica y mantiene vínculos afectivos superfuos.
La joven en la entrevista con los profesionales del Cuerpo Médico Forense quiso remarcar la supuesta mala relación que mantenía con su padre Cristian y afirmó que se sintió aliviada con su muerte.
En esta línea sostuvo que el hombre que fue asesinado en enero de 2014 “le pegaba a mi mamá” por lo que ambas le temían. Bajo esta lógica indicó que Gelvez era quien compraba propiedades y vehículos y los ponía a nombre de Silvina sin que ella pudiera rehusarse.
Momentos más tarde el abogado Enoc Ortiz, representante de Jonathan Brizuela, Silvina Gelvez, Patricia y Carlos Vargas solicitó la nulidad de la causa acumulada, es decir la que compromete a Vargas y su familia en el narcotráfico. Sucede que el abogado consideró que durante la investigación se produjeron oscuros movimientos tanto del personal policial como del ministerio público.
Al respecto detalló que la defensa nunca fue notificada de la elevación de la causa a juicio, lo que le impidió la presentación de pruebas. Asimismo aseguró que el acta de allanamiento figura un domicilio diferente al que finalmente fue requisado y para colmo en el procedimiento participo por parte del ministerio público la abogada Cecilia Alfano quien actualmente se desempeña como defensora de Sandra Vargas.
También declaró el Leonardo Casciani Olmos, el principal de la División de Lucha contra el Narcotráfico que estaba a cargo de realizar el seguimiento y vigilancia de los Vargas en SanLuis.
El efectivo indicó que gracias a las escuchas identificó tres domicilios en la vecina provincia donde estaría alojada la banda.
Gracias a esto detectaron tres vehículos y vieron que uno de ellos era conducido por Carlos Vargas. De todas maneras en ninguno de los inmuebles lograron divisar a la familia ni detectar venta de droga.
(FUENTE EL SOL)