Música mendocina en clave de acción
“Los sueños se pueden cumplir. Nada llega porque sí, hay que trabajar, esforzarse, animarse, salir a buscar las oportunidades, confiar y nunca darse por vencida”
Edición N° 5 · Mayo · 2023
Tres referentes del Ministerio de Seguridad y del Servicio Penitenciario Provincial, nos cuentan cómo fue el desafío y la responsabilidad de implementar un protocolo de violencia. Entrevistamos primero a la Lic. Cecilia Zambrano y a la Prof. Lic. Alejandra Alaniz, con quienes, con la mejor predisposición, café de por medio, reunidas en la mesa redonda de nuestra Dirección, empezamos a intercambiar preguntas y respuestas.
-¿Cómo fue el camino hacia la sanción del Protocolo?
Originalmente pensamos en la idea desde la violencia de género, pero al pasar el tiempo y sumar perspectivas, nos dimos cuenta que la problemática era más profunda de lo que imaginábamos y que no podíamos eludir las otras temáticas. Tal vez por eso es que el proceso fue tan extenso.
Desde la Inspección General de Seguridad (IGS) en 2016, la entonces jefatura de Asuntos Internos generó la apertura hacia un trabajo que buscaba actualizar las normas vigentes para abordar situaciones de violencia de género e intrafamiliar, ya que habían quedado desactualizadas, siendo éste el mayor aspecto negativo que encontramos al comienzo.
El impulso estuvo dado por un hecho ocurrido en 2014 y caracterizado por su extrema crueldad: el caso del ex policía Ontivero, que fue condenado por el primer femicidio transversal en la provincia. En ese fallo del 2016, el Tribunal Penal Colegiado N°1 recomendó al Ministerio de Seguridad la actualización de los protocolos para que tuvieran mayor perspectiva de género.
El camino fue largo y algunos actos fueron marcando el derrotero, por ejemplo, la resolución 407 que firmó en la Mesa Federal de Seguridad la abogada Paula Vetrugno, en representación de nuestra provincia.
Otro documento inspirador y que sirvió de sustento fue una resolución para el abordaje de la violencia de género lograda por la Unidad de Mujeres y Disidencias del Servicio Penitenciario. Asimismo, cabe nombrar las infinitas reuniones que fuimos desarrollando desde la Coordinación de Proyectos y Capacitación de la IGS con el fin de buscar consenso.
Posteriormente nos dimos cuenta que era importante salir hacia afuera de las fuerzas y una de las integrantes del equipo, Jimena Moreno, contactó a la psicóloga social Daniela Infante, quien nos abrió las puertas a la Dirección Provincial de Género y Diversidad. Allí comenzaron a sumarse mujeres lideresas de todos los distintos ámbitos de la realidad que apoyaron el proyecto, realizaron aportes y firmaron un acta de consenso sobre el contenido del protocolo. El trabajo de todas las personas externas al Ministerio de Seguridad y el fuerte compromiso de quienes escribieron, redactaron, compilaron y aportaron para el escrito fue lo que lo hizo posible. Sin dudas, se trató de un trabajo en conjunto.
En este apartado insistimos en destacar el rol de cada una de las mujeres que participaron activamente y que se puede apreciar en la primera hoja del protocolo. Allí aparecen los nombres y lugares de trabajo de las personas que contribuyeron con el desarrollo, la colaboración y/o el consenso.
La misión de la norma es realizar un abordaje interdisciplinario a todo tipo de violencias género: laboral, institucional, situaciones de grave estrés postraumático entre otras, en las que pueda intervenir personal policial y/o penitenciario, abordando tanto para la víctima policía/penitenciaría como a al/la potencial victimaria/o siempre que sea policía o penitenciaria/o de Mendoza.
-¿Cuáles son los objetivos y lineamientos del Protocolo?
El objetivo central es frenar y/o erradicar situaciones de violencia, garantizando el cuidado del capital humano, la seguridad física y emocional del personal policial, penitenciario, así como de terceros. El enfoque del abordaje interdisciplinario se pensó para un trabajo preventivo y proactivo que favorezca a la resignificación de acciones que puedan reflejar hechos de violencia naturalizados. Esto marcó una gran diferencia con las anteriores normas que sólo se centraban en el aspecto sancionatorio, es decir, aplicar un castigo y llegar sólo hasta ahí. Esta perspectiva obviaba la prevención, la reeducación y la necesaria deconstrucción.
Los lineamientos se basan en principios rectores que sirven de orientación para la actuación, tales como la celeridad, confidencialidad, contención, orientación, accesibilidad de la información, oportunidad, economía, eficacia, eficiencia, sencillez, perspectiva de género, no revictimización, respeto, protección, escucha activa y empática, actitud receptiva, sin críticas ni prejuicios, igualdad, equidad, sensibilización, capacitación y transversalidad de medidas adoptadas para la erradicación y cese de violencias, entre otros.
-¿Cómo es el equipo de abordaje y el procedimiento de actuación?
Se trata de un equipo de trabajo interdisciplinario y profesional, por lo que interviene quien toma conocimiento (funcionario/a público) de alguna de las situaciones especificadas en los distintos supuestos que discrimina el protocolo en cada uno de sus anexos (seis en total). Esta interdisciplina es posible porque hay acciones y responsabilidades depositadas en distintos estamentos, tales como el Programa de Promoción Integral al Personal Policial, Sanidad Policial, jefaturas y dependencias Policiales y Penitenciarias, Unidad de las Mujeres y Disidencias, Defensoría del Personal Penitenciario, Inspección General de Seguridad, Direcciones Generales de Policías y de Penitenciaria, distintas áreas ministeriales como Capital Humano y Capacitación, y la Dirección de Administración.
El procedimiento empieza con la toma de conocimiento del hecho o situación generadora. Se comunica a las distintas áreas involucradas, ya sea para que tomen conocimiento en el momento (ej.: victimarios/as que sean de las fuerzas, se comunica en el momento la situación a IGS) o para que intervengan, como es el caso del Programa de Promoción Integral al Personal Policial, la/el responsable de la unidad, la Unidad de las Mujeres y las Disidencias y la Defensoría del Penitenciario, según corresponda.
En el caso de las/os policías se llevan a cabo Medidas Urgentes como la retención de armamento, derivación a Sanidad Policial y al Programa de Promoción Integral al Personal Policial; remisión de preventivos e informes para la no aplicación de descuentos de haberes (esto último, en los casos de ser victimarios sin antecedentes, que son incluidos al Programa de Abordaje al Varón) También hay una entrevista al personal, víctima y/o victimario.
En cuanto a la víctima se trata de brindar Medidas de Protección tales como: licencia por violencia de género, adecuación de horarios laborales, traslados u otras que se consideren pertinentes al caso concreto.
-¿Cómo ha sido la experiencia en la aplicación y casos abordados hasta el momento?
Desde el Programa de Promoción Integral al Policía se concentran todas las medidas de protección y asistenciales. En ese marco, con la implementación del Protocolo (noviembre del 2022), se trabajó en equipo y en redes coordinadas con el fin de garantizar las medidas de protección necesarias para la víctima, como así también la puesta en marcha del beneficio de la licencia por violencia de género, que no estaba vigente anteriormente.
Por primera vez comenzó a abordarse en forma integral al victimario. Esto se logró con la creación de un dispositivo de abordaje al varón exclusivo para policías. Un hito en la historia que se alcanzó por medio de la responsable de los dispositivos de abordaje al varón a nivel provincial. Esta práctica ha tenido una respuesta favorable ya que hay grupos al que los varones no solo son derivados, sino que algunos asisten voluntariamente.
En sentido similar, desde la Inspección General de Seguridad se realizan talleres vivenciales sobre la “concientización de la violencia de género”, un programa de extensión de Facultad de Psicología de la Universidad del Aconcagua, que se encuentra a cargo de la magíster Liliana Muñoz y que prioritariamente está destinado a quienes tienen un sumario administrativo por temas de violencias. Esta acción permite que, a los infractores, que por primera vez cometen una falta administrativa leve en torno a la violencia de género, tengan una consideración como atenuante dentro del procedimiento sumarial.
-Para terminar ¿Cómo ha sido la respuesta institucional de autoridades y personal en torno al Protocolo?
La respuesta a nivel institucional presenta dos aspectos, al menos, desde nuestro punto de vista. El primero es más favorable y tiene que ver con el apoyo recibido desde la cumbre estratégica, para avanzar con un proyecto que concluyó en el Protocolo. Es decir, sí bien fuimos nosotras junto a nuestros equipos quienes asumimos el compromiso de encararlo, para ello tuvimos que contar con el aval del subsecretario de Relaciones Institucionales, la directora de Participación Comunitaria, el director presidente de IGS, así como de la Dirección General de Policía, la Dirección General del Servicio Penitenciario y el mismo ministro de Seguridad. El hecho de que hoy sea norma, evidencia que hemos iniciado un camino sin retorno, el de la visibilización y el abordaje integral.
Como todas/os sabemos, el camino no es sencillo y lo debimos incoar por nosotras mismas, para rever nuestros machismos sutiles, poniendo en duda cada una de nuestras acciones para estar seguras de elegir el correcto, uno que no esté viciado por el patriarcado.
El segundo aspecto es que no podemos olvidar que hablamos de una institución fuertemente estructurada y que, desde la formación, comienza a vincularse con las violencias. Por ende, la resistencia de lo instituido es amplia. Ahora tenemos el mayor desafío, lograr que este protocolo no quede en un mero papel o dentro de un cajón, sino que efectivamente se aplique en toda su amplitud. Para ello hemos encarado distintas estrategias. A modo de ejemplo, entre la Coordinación de Proyectos y Capacitación de IGS (Inspección General de Seguridad) y el Programa de Promoción Integral al Policía estamos realizando capacitaciones a los mandos superiores en toda la provincia, para que se familiaricen con el protocolo y las responsabilidades que la norma les asigna tanto a quienes conducen una unidad, como a los interventores primarios.
A continuación dialogamos con la abogada Nahir Otero, quien desde su rol de directora de la Unidad de Mujeres y Disidencia del Servicio Penitenciario de Mendoza enriqueció el tema con su mirada.
-¿Nos daría su perspectiva sobre la misión de este protocolo?
En el año 2020 se crea en el Servicio Penitenciario Provincial, la Unidad de Mujeres y Disidencias a partir de la necesidad de establecer un espacio jerarquizado que ponga de manifiesto, tanto para el personal penitenciario como para las personas privadas de la libertad, y de esta forma prevenir y erradicar cualquier tipo de violencia o discriminación por razones de género, sexo u orientación sexual
Su importancia radica en llevar a cabo acciones necesarias para erradicar las desigualdades por razones de género y disidencias, tanto en el ámbito laboral como también en el familiar y social en general, poder crear instancias de capacitación, diálogo y resolución de conflictos que aporten soluciones a este flagelo social.
Lo cierto es que desde el año 2016, la institución viene trabajando a través de programas, el abordaje a varones detenidos por delitos de violencias contra las mujeres.
Objetivos, lineamientos y ámbito de aplicación
La Unidad de Mujeres y Disidencias del Servicio Penitenciario Provincial (SPP) promueve la creación de protocolos de actuación enmarcados en políticas de prevención de violencias, promoción de equidad de géneros y resolución de conflictos basados en las desigualdades sexistas.
Estos objetivos guían el trabajo con personal penitenciario, con varones detenidos por violencias contra las mujeres, disidencias en contexto de encierro, mujeres y maternidades.
Específicamente con el personal penitenciario se busca garantizar en el ámbito laboral una convivencia institucional y social libre de violencia y discriminación y construir un espacio equitativo para mujeres, disidencias y varones que se desempeñen en el sistema penitenciario sin distinción de jerarquía o antigüedad.
En este marco se crea el “Protocolo de intervención institucional ante situaciones de violencias contra las mujeres y de quienes se autoperciban como tales, en el Servicio Penitenciario Provincial”. El mismo sienta el precedente para la creación del protocolo ministerial para garantizar el cumplimiento de lo establecido en la ley nacional N° 26.485, Ley de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales
Los lineamientos que fundamentan el protocolo son: la ley 26.485 y todos los derechos reconocidos por la Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, y la Convención sobre los Derechos de los Niños y la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.
Esta normativa define a la violencia contra las mujeres como: toda conducta, acción u omisión, que, de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también su seguridad personal. Quedan comprendidas las perpetradas desde el Estado o por sus agentes.
A considerar, además que la Ley 26.485, en su art. 10, menciona como lineamiento básico para las políticas estatales la creación e implementación de servicios integrales de asistencia a las mujeres que padecen violencia y a las personas que la ejercen y en su art. 18 plasma que personas que se desempeñen en servicios asistenciales, sociales, educativos y de salud, en el ámbito público o privado, que con motivo o en ocasión de sus tareas tomaren conocimiento de un hecho de violencia contra las mujeres en los términos de la presente ley, estarán obligados a formular las denuncias, según corresponda, aún en aquellos casos en que el hecho no configure delito.
-¿Cómo procede el Equipo de Abordaje?
La Unidad de Mujeres y Disidencias atiende las situaciones enmarcadas en el protocolo mencionado, con una mirada integral. Generalmente las entrevistas son realizadas desde el ámbito de la abogacía y la psicología con un fuerte y constante trabajo en red con otras disciplinas, áreas del servicio (Defensoría del Personal, Junta Médica, Recursos Humanos, entre otros), organizaciones gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil, mayormente con los dispositivos de abordaje al varón existentes en cada municipio y coordinados por la Dirección de Género y Diversidad de la provincia, a fin de dar acompañamiento, derivación y seguimiento de la forma más completa posible.
Guía de Procedimiento del Protocolo
La atención puede responder a tres situaciones
Las situaciones abordadas germinan de:
Cualquier persona que tenga sospechas o dudas sobre un caso potencial de violencia contra una mujer o de quien se perciba como tal, que revista estado penitenciario, podrá consultar a la Unidad de las Mujeres y las Disidencias a efectos de que se atienda la situación.
Procedimiento: el mismo se detalla en el cuerpo del protocolo el cual se adjunta para acceso a los pasos que se desarrollan tanto con la mujer como con el varón involucrado.
-¿Cómo ha sido la experiencia y la respuesta a partir de la aplicación del Protocolo?
Durante el año 2022 se entrevistó a 39 mujeres que manifestaron sufrir violencia masculina y 44 varones, personal penitenciario que fue denunciado o derivado por ejercer violencia contra las mujeres.
Los ámbitos de violencia abordados son la violencia doméstica y la laboral. En algunos casos, la violencia es ejercida por varones personal penitenciario hacia sus parejas o compañeras también pertenecientes al servicio.
En otros, quienes ejercen violencia son varones penitenciarios hacia sus parejas que no son personal penitenciario. Esto fundamenta la diferencia cuantitativa en la atención a varones y mujeres y desprende líneas de acción para el 2023 en pos de prevenir el ejercicio de violencia por parte de los varones personal penitenciario.
De la atención que se realiza y se encuentra descrita en el punto anterior se articula a través de la Defensoría del personal Penitenciario la atención de los/as efectivos que prefieren ese espacio, para el abordaje de la problemática, a través de las profesionales que allí se desempeñan o se realiza la derivación a los dispositivos municipales de mujeres o varones según corresponda.
En caso de ser solicitado por las mujeres denunciantes de violencias por motivos de género se realiza acompañamiento para denuncia penal, administrativa, pedido de medidas de protección, asesoramiento legal u otro, realizando las derivaciones pertinentes.
La temática de género y diversidad sexual es resistida a nivel social, y ello impacta y se manifiesta claramente en el personal de seguridad. La formación y capacitación en políticas de género y diversidad ha sido y es tema de agenda primordial, continua y trascendental para combatir esa resistencia, que es justamente, producto de una construcción social patriarcal y machista de antaño.
Las fuerzas de seguridad, en todos sus estamentos, deben adaptar sus normativas a la realidad social. Romper estructuras que generan desigualdad. Es una tarea de todas y todos, y nuestra institución puede ser ajena a ello. Construir desde nuevos paradigmas permite no sólo cambiar la perspectiva en la elaboración de políticas públicas, sino que es menester transitar un camino de deconstrucción de la masculinidad hegemónica para que la equidad, igualdad y paridad de géneros, como así también la labor social, que nos imprime como penitenciarios, sea una nueva forma volver a caminar la vida y la tarea institucional.
Información complementaria
Resolución n° 3947-S Ministro de Seguridad (15 noviembre 2022), publicada en SOD 8516(18/11/22): “Protocolo para la prevención y abordaje de las violencias en personal policial penitenciario”
https://drive.google.com/file/d/15ad78OHe8BTOiBSZfU0kDxp4Q8Zd9kQu/view?usp=sharing
https://www.powtoon.com/ws/bnn9d1ba2ca/1/m
Lic. en Seguridad Ciudadana, posgrado en Victimología del delito y testigos protegidos, oficial jefe de la policía de Mendoza a cargo del programa de Promoción integral al personal policial. Mail: [email protected]
Lic. en Seguridad Ciudadana, Master en Tecnología Educativa, Doctoranda en Educación Superior, Coordinadora de Proyectos y Capacitación de la Inspección General de Seguridad. Mail: [email protected]
Abogada, directora de la Unidad de las Mujeres y Disidencia del Servicio Penitenciario de Mendoza.. Mail: [email protected]
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“Donde hay una necesidad, hay un derecho que debe ser respetado y, para poder comprenderlo, no basta la empatía. Es fácil repetir frases hechas, lo difícil es llevarlas realmente a la práctica”.
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“Simone de Beauvoir, una filósofa con un legado que llegó a quebrar el pensamiento sobre la estructura social de la época y cuyas ideas siguen motivando los grandes cambios sociales para lograr la igualdad de género”
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